El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de anunciar que el IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético) tiene ya preparado el nuevo programa de ayudas a la compra de coches eléctricos para el año que viene. Este nuevo Plan MOVES aumentará su dotación presupuestaria de los 45 millones de euros de 2019 a unos 200 millones de euros para 2020.
En el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) se recoge la previsión de que hasta el año 2025 (fecha en la que se alcanzará la paridad de precio entre coches eléctricos y térmicos) se destinen unos 1.000 millones de euros a ayudas a la compra de vehículos eléctricos. Gracias a ello, la movilidad sostenible ganará atractivo de cara a los consumidores hasta que su precio sea equivalente al de sus alternativas.
Este nuevo plan solo podrá salir adelante cuando se forme un nuevo Gobierno y se aprueben unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. En caso de que esto no ocurra, se extenderá el plan de 2019, que dispondrá de nuevo de una dotación de 45 millones de euros, una cantidad a todas luces insuficiente para lograr que aumenten las ventas de coches eléctricos de forma sostenida.
El Plan MOVES 2020 traerá mejoras como la eliminación del achatarramiento obligatorio de un coche antiguo para poder acceder a las subvenciones (medida que ha lastrado al actual plan).
Si bien se plantea que se puedan dar ayudas más cuantiosas que las actuales a aquellos que decidan entregar su coche viejo para acceder a la subvención del nuevo. Además, las ayudas quedarán restringidas a los vehículos eléctricos, salvo en aquellos segmentos en los que la alternativa a baterías aún sea inviable (por ejemplo, el transporte pesado), dándose en ese caso también al gas.
Actualmente apenas se han consumido el 47% de las ayudas del plan de 2019 debido a sus limitaciones, siendo solo tres regiones (Baleares, Canarias y Navarra) las que han agotado el 100% de los fondos, mientras que otras como Madrid apenas han llegado al 26%. Castilla y León han gastado por su parte el 91%, mientras que Andalucía se coloca en el extremo contrario con un 19%.
Además, Hacienda está estudiando reformar la fiscalidad para penalizar a aquellos vehículos más contaminantes, incentivando a su vez la compra de modelos sostenibles. Esta solución ya la están aplicando algunos municipios, que están retirando las exenciones a los vehículos más antiguos, en paralelo a las bonificaciones que reciben los cero emisiones.
Uno de los puntos a mejorar que sin embargo no tiene visos de ser solucionado es la regulación del sector de los puntos de carga: debido a los trámites de los entes públicos y a las trabas de las compañías eléctricas, una estación puede llegar a necesitar un año para estar operativa. ¿La solución? Un real decreto que limite el plazo máximo para recibir la aprobación, si bien no parece que por el momento el Gobierno en funciones haya contemplado esta alternativa.
